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octubre 15, 2024El 25 de junio de 2024, el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial de México aprobó y publicó la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU).[1] Esta política tiene como objetivo establecer un conjunto amplio y comprensivo de directrices para apoyar a los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y local) en la implementación de acciones destinadas a mejorar los sistemas de transporte público colectivo en todo el país. A lo largo de sus 226 páginas, la publicación presenta de manera didáctica y analítica una serie de elementos que visan promocionar un sistema de movilidad urbana más inclusivo, seguro, eficiente y asequible, reconociendo las particularidades locales y las diversas necesidades de movilidad de los distintos grupos sociales. En esta breve nota urbana, se señalan algunos de los aspectos importantes de la PNTPCU y se destaca su posible contribución para la construcción de ciudades espacialmente más justas y humanas.
Como contexto, es relevante señalar que la PNTPCU surge en el marco de recientes avances normativos en materia de movilidad urbana. Tras años de destacada movilización de la sociedad civil e intensa actividad política, el 18 de diciembre de 2020 se aprobó la reforma del cuarto artículo constitucional de México, estableciendo que "toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad". Menos de dos años después, en mayo de 2022, se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que crea el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Ambos avances normativos integraron y formalizaron demandas históricas de los movimientos sociales del país a favor de sistemas de transporte que promuevan la seguridad e igualdad de los usuarios, priorizando a los más vulnerables y estableciendo bases de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En el contexto de estos avances normativos, la PNTPCU se presenta con el objetivo de guiar las acciones de las autoridades gubernamentales hacia un modelo de transporte público centrado en la siguiente visión: "las personas son el centro del diseño y operación de los servicios de transporte público que resuelven sus necesidades de traslado mediante modos públicos asequibles, seguros, eficientes e incluyentes, con amplia cobertura e integración a otros modos de transporte" (PNTPCU, p. 44). Para lograr esta visión, la política propone principios rectores que considera el transporte público como un eje de bienestar y desarrollo social. Este enfoque busca reducir desigualdades sociales, facilitar el acceso a otros derechos a través del transporte, mitigar daños ambientales y formar instituciones con capacidad técnica, operacional y financiera para garantizar un servicio confiable, asequible, seguro y eficiente. En suma, los principios rectores son: justicia social, cuidado colectivo, innovación tecnológica, sostenibilidad financiera, seguridad, equidad e inclusión, calidad del servicio y rectoría del Estado.
La PNTPCU se estrutura en 4 objetivos prioritarios, 14 líneas de acción y 52 actividades. Cada uno de estos elementos se relacionan con dos categorías centrales al servicio de transporte público: el esquema de integración (servicios, infraestructura, información y tarifas), y el modelo de gestión (los acuerdos de gobernanza entre autoridades estatales y el ente operador). A partir del cruce de ambas categorías, se proponen cuatro bloques estratégicos de actuación (atención compartida, interoperabilidad, atención básica, satisfacción diferenciada). Cada bloque estratégico reúne un conjunto de propuestas factibles de política pública que permiten la mejora del servicio de transporte público. La idea es que cada gobierno local pueda identificar, a partir de su situación actual, en qué esquema de integración y en qué modelo de gestión se encuentra su sistema de transporte público. Con esto, se puede identificar el bloque estratégico de actuación tanto de la situación actual como de la situación objetivo, para luego revisar las acciones necesarias que harán posible la mejora del servicio de transporte público. Las figuras presentan los elementos centrales de cada bloque estratégico e ilustran el paso a paso para implementar la PNTPCU en los sistemas de transporte público urbano.
Figura 1. Bloques estratégicos de actuación
Fuente: PNTPCU, p. 78
Figura 2. Pasos para implementar la PNTPCU para los sistemas de transporte público urbano
Fuente: PNTPCU, p. 81
Un aspecto relevante de la PNTPCU es su reconocimiento de que no existe una solución única para todos los municipios en matéria de transporte público. Cada localidad en México enfrenta una realidad particular que exige acciones específicas para crear un sistema de transporte inclusivo, humano, asequible y de calidad. Este enfoque se refleja positivamente en el documento al incluir escenarios y objetivos diferenciados que se adaptan a las diversas necesidades locales. Al ofrecer un marco flexible y adaptable, la PNTPCU permite que las autoridades locales diseñen e implementen políticas de transporte que se ajusten a sus contextos particulares, garantizando así una respuesta más efectiva y equitativa a las demandas de movilidad de sus ciudadanos. Esta adaptación a las realidades locales puede asegurar que las soluciones propuestas sean pertinentes y sostenibles, promoviendo un desarrollo urbano más justo y accesible.
Otro aspecto relevante de la PNTPCU es la pluralidad de actores públicos y privados involucrados en su elaboración. Además del significativo involucramiento del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), es destacable la participación de diversos actores de la sociedad civil organizada, especialmente el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), que cuenta con una larga trayectoria internacional en cooperación técnica en el sector del transporte urbano. También merece mención la participación de los representantes estatales de movilidad de las 32 entidades federativas a través de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), quienes tendrán un papel esencial en la implementación de muchas de las directrices propuestas en la PNTPCU. Además, se contó con la participación de representantes del sector privado, que desempeñan un papel crucial en la operación de diversos sistemas de transporte público colectivo en las ciudades mexicanas. Se espera que la participación de actores tan diversos pero clave en el sector sea un aspecto positivo, ya que indica que la política fue construida considerando los conocimientos y la experiencia de actores con destacada trayectoria en el sector.
En sus propuestas, el documento identifica con claridad a los actores clave del sector, sus competencias y responsabilidades, y los arreglos político-institucionales necesarios para garantizar un transporte más justo y humano en las ciudades mexicanas. Esto se basa en un diagnóstico preciso de los principales problemas y retos que enfrentan numerosos sistemas de transporte público colectivo en el país. Actualmente, muchos de estos sistemas se estructuran en torno al modelo de concesiones individuales (conocido como hombre-camión), caracterizado por combis y micros de baja calidad, precariedad laboral para los choferes y múltiples problemas técnicos, financieros y de seguridad. Para promover un cambio significativo y mejorar la percepción del transporte público, que actualmente es el servicio público peor evaluado por la mayoría de los mexicanos y en el que casi el 70% de los usuarios se siente inseguro (INEGI, 2022), la PNTPCU propone fortalecer las capacidades del Estado y de los prestadores del servicio. Esto incluye un mayor control público, una integración física y tarifaria más robusta, mayor inversión en vehículos e infraestructura, mejor planificación y control operativos, la incorporación de nuevas tecnologías de monitoreo, mejor capacitación y remuneración de conductores, sostenibilidad, la inclusión de perspectiva de género y el diseño de servicios de baja, mediana y alta capacidad, adecuados a las diferentes estructuras espaciales y dimensiones de demanda.
Sin embargo, a pesar de su enfoque integral, basado en experiencias nacionales e internacionales exitosas, las diversas propuestas de la PNTPCU parecen dedicar comparativamente poca atención a los mecanismos de participación social que involucren a los ciudadanos en la toma de decisiones de manera democrática. Aunque la política está orientada a los usuarios y a una mejor experiencia de viaje, especialmente para grupos marginados, y aunque reconoce la movilidad como un derecho fundamental, las opciones de políticas públicas propuestas se centran más en las autoridades, los prestadores y los financiadores, dejando de lado la incorporación de la visión del usuario en la formulación e implementación de políticas. Se mencionan las encuestas como un mecanismo de control de calidad, pero la experiencia internacional con mecanismos de participación social democrática sugiere que podrían implementarse otras estrategias y acciones para fomentar el involucramiento ciudadano en la oferta de un servicio público crucial para el desarrollo político, económico y social de los municipios mexicanos.
La PNTPCU representa un avance significativo en el ámbito del transporte público en México, fruto de un esfuerzo colectivo de años que involucró a diversos actores. Este documento refleja una gobernanza interfederativa en la que diferentes niveles de gobierno actúan de manera coordinada para mejorar los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. El documento reconoce las deficiencias de los sistemas de transporte actuales y ofrece soluciones adaptadas a diferentes escenarios, incluyendo la perspectiva de género y promoviendo el transporte como un servicio y derecho fundamental, en lugar de tratarlo como un negocio. Este enfoque busca transformar las ciudades mexicanas en lugares más humanos y menos desiguales. La participación de la sociedad civil en la elaboración de la PNTPCU es un aspecto extremadamente positivo, aunque se podría haber incluido propuestas de políticas públicas más directamente orientadas a fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones. El esfuerzo realizado para priorizar lo público y colectivo sobre lo individual y privado es notable, y se espera que la política actúe como un primer paso para implementar cambios de manera inclusiva, transparente y democrática. Sin embargo, queda por ver si esta política será efectiva en apoyar a los municipios mexicanos para superar los grandes desafíos en materia de transporte, especialmente después de años en los que los acuerdos de gobernanza no priorizaban el bien común ni la valorización de una ciudad basada en derechos. La implementación exitosa de la PNTPCU podría marcar un cambio positivo hacia un sistema de transporte más equitativo y accesible.
