Género y espacio público. Claves conceptuales para el estudio de los derechos urbanos de las mujeres
julio 8, 2020
De lo privado y lo público en cuarentena del Covid-19
julio 21, 2020Presentamos en esta sección una serie de cuatro Notas Urbanas con el propósito de ampliar y compartir la discusión sin precedentes sobre el tema e importancia del espacio público en la capital del país en relación con el contenido de la iniciativa de ley que distintos grupos de la academia en los estudios sociales y urbanos hemos propuesto desde hace más de una década.
Derivado del proyecto La Ciudad Neoliberal y Derechos Urbanos, el Grupo de Trabajo de investigación Espacio público, género y ciudadanía (IIS-UNAM), ha seguido con atención el desarrollo de los Foros y mesas temáticas organizados por la Comisión de “Uso y Aprovechamiento del Espacio Público” del Congreso de la Ciudad de México. Estos foros se llevan a cabo cada viernes durante el 10 al 31 de julio de 2020[1]. Los objetivos buscan que la sociedad civil, la academia y expertos en el tema puedan conocer el proyecto de Ley de Espacio Público, enriquecer el marco normativo y hacer aportaciones para la elaboración del dictamen. La iniciativa, integrada por 281 disposiciones normativas y siete artículos transitorios, se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, el acceso a la iniciativa no es pública y no se ha podido tener acceso al contenido del documento que se discute.
Derivado del proyecto La Ciudad Neoliberal y Derechos Urbanos, el Grupo de Trabajo de investigación Espacio público, género y ciudadanía (IIS-UNAM), ha seguido con atención el desarrollo de los Foros y mesas temáticas organizados por la Comisión de “Uso y Aprovechamiento del Espacio Público” del Congreso de la Ciudad de México. Estos foros se llevan a cabo cada viernes durante el 10 al 31 de julio de 2020[1]. Los objetivos buscan que la sociedad civil, la academia y expertos en el tema puedan conocer el proyecto de Ley de Espacio Público, enriquecer el marco normativo y hacer aportaciones para la elaboración del dictamen. La iniciativa, integrada por 281 disposiciones normativas y siete artículos transitorios, se está discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, el acceso a la iniciativa no es pública y no se ha podido tener acceso al contenido del documento que se discute.
Foro Uno, 10 de julio 2020
Mesa 1: Derecho al espacio público y vía pública (diferencias).
Derechos y obligaciones de las personas en el espacio público.
Mesa 2: Características y objetivos del espacio público.
Servicios urbanos y uso del espacio público.
El primer foro estuvo a cargo de las diputadas Gabriela Salido Magos y Paula Soto. En la primera y segunda mesa se discutió el espacio público en términos de usos y funciones, lo cual, es importante mencionar debido a que los actores institucionales suelen dejar de lado la dimensión relacional y la construcción social del espacio público.
Roberto Remes, como especialista y ex titular de la extinta Autoridad del Espacio Público (AEP), se refiere al espacio público como la serie de componentes formales en archipiélagos no articulados y cuando señala la importancia de la dimensión patrimonial, no hace referencia a lo cultural, sino al régimen de propiedad. En este sentido, se propone regular las apropiaciones por parte del comercio en vía pública, que atentan contra el derecho al libre tránsito, bajo una regulación de esquemas de concesión como los llamados Permisos Administrativos Temporales Revocables. Por su parte, Carlos Gelista, quien fue diputado constituyente, coincide en la necesaria regulación de usos y funciones de la vía pública con respecto a la movilidad y también en términos de explotación, aprovechamiento, apropiación, usufructo y cobro de usos de ocupación y se pregunta ¿Cómo explotar con dimensión social, sin privatizar?
En la mesa, también se mencionó la vinculación del desarrollo inmobiliario y su responsabilidad en crear espacio público. Sobre esto, la diputada Gabriela Salido comentó que el reciclamiento de espacios no solo debe partir del objetivo de incrementar densidades, sino de ampliar servicios, sin perder áreas verdes. Otro aspecto relevante, aunque no se profundizó, fue la propuesta de incorporar en la legislación del espacio público urbano, el de los pueblos, áreas rurales y zonas de conservación y valor ambiental que hacen parte de la ciudad.
Ana Laura Martínez, directora de proyectos en la SOBSE, expuso su visión desde la praxis y la materialización del espacio público como obra pública. Desde una perspectiva técnica, constructiva y de ejecución, definió al espacio público como infraestructura y vía pública. Incorporó el tema de la accesibilidad como premisa para lograr la inclusión de todos y el de la necesidad de sumar aspectos técnicos a los proyectos de ciudad. En este sentido, se propuso vincular la infraestructura con el derecho de acceso a servicios y se identificó la falta de coordinación interinstitucional, como una de las mayores problemáticas en la ejecución. En estas propuestas es notorio el uso de cierta terminología, característica de la extinta AEP, cuando se habla en términos de orden y “recuperación” del espacio público. Desde esta visión, la regulación del espacio público parece acortarse a dispositivos, instructivos y modelos de ordenamiento, funciones, tareas y usos para regular los comportamientos sociales.
Mesa 1: Derecho al espacio público y vía pública (diferencias).
Derechos y obligaciones de las personas en el espacio público.
Mesa 2: Características y objetivos del espacio público.
Servicios urbanos y uso del espacio público.
El primer foro estuvo a cargo de las diputadas Gabriela Salido Magos y Paula Soto. En la primera y segunda mesa se discutió el espacio público en términos de usos y funciones, lo cual, es importante mencionar debido a que los actores institucionales suelen dejar de lado la dimensión relacional y la construcción social del espacio público.
Roberto Remes, como especialista y ex titular de la extinta Autoridad del Espacio Público (AEP), se refiere al espacio público como la serie de componentes formales en archipiélagos no articulados y cuando señala la importancia de la dimensión patrimonial, no hace referencia a lo cultural, sino al régimen de propiedad. En este sentido, se propone regular las apropiaciones por parte del comercio en vía pública, que atentan contra el derecho al libre tránsito, bajo una regulación de esquemas de concesión como los llamados Permisos Administrativos Temporales Revocables. Por su parte, Carlos Gelista, quien fue diputado constituyente, coincide en la necesaria regulación de usos y funciones de la vía pública con respecto a la movilidad y también en términos de explotación, aprovechamiento, apropiación, usufructo y cobro de usos de ocupación y se pregunta ¿Cómo explotar con dimensión social, sin privatizar?
En la mesa, también se mencionó la vinculación del desarrollo inmobiliario y su responsabilidad en crear espacio público. Sobre esto, la diputada Gabriela Salido comentó que el reciclamiento de espacios no solo debe partir del objetivo de incrementar densidades, sino de ampliar servicios, sin perder áreas verdes. Otro aspecto relevante, aunque no se profundizó, fue la propuesta de incorporar en la legislación del espacio público urbano, el de los pueblos, áreas rurales y zonas de conservación y valor ambiental que hacen parte de la ciudad.
Ana Laura Martínez, directora de proyectos en la SOBSE, expuso su visión desde la praxis y la materialización del espacio público como obra pública. Desde una perspectiva técnica, constructiva y de ejecución, definió al espacio público como infraestructura y vía pública. Incorporó el tema de la accesibilidad como premisa para lograr la inclusión de todos y el de la necesidad de sumar aspectos técnicos a los proyectos de ciudad. En este sentido, se propuso vincular la infraestructura con el derecho de acceso a servicios y se identificó la falta de coordinación interinstitucional, como una de las mayores problemáticas en la ejecución. En estas propuestas es notorio el uso de cierta terminología, característica de la extinta AEP, cuando se habla en términos de orden y “recuperación” del espacio público. Desde esta visión, la regulación del espacio público parece acortarse a dispositivos, instructivos y modelos de ordenamiento, funciones, tareas y usos para regular los comportamientos sociales.
Fotografía: Stephanie Brewster
Por otra parte, también se hizo referencia a la Nueva Constitución de la Ciudad y se mencionó que el derecho a la ciudad aparece en la carta de derechos como una aspiración del derecho al lugar, el cual, tendría que instrumentarse desde la planeación, lo jurídico, administrativo, financiero y desde la participación ciudadana. En este sentido, la titular de la SEDUVI, Ileana Villalobos identifica las problemáticas en el espacio público desde una aproximación polisémica y compleja que considera la incorporación de la dimensión social (participación), ambiental (sustentabilidad), de riesgo (resiliencia) y de derecho (por ejemplo, como lugar de trabajo), al conceptualizar, planear e instrumentar principios en esta propuesta de Ley de Espacio Público.
Fotografía: Stephanie Brewster
Se planteó que, hasta ahora, la administración pública local ha ejecutado acciones sin hilvanar todas las atribuciones institucionales. Esto, debido a que la política de espacio público no está integrada a una política integral y transversal, como una tarea interinstitucional y multidisciplinaria de desarrollo urbano, que atienda además de la zonificación y usos de suelo, a la infraestructura, los equipamiento y el espacio público. Derivado de esto y desde una visión de la administración pública, surgieron algunas preocupaciones de esta iniciativa de Ley, en cuanto al alineamiento con los principios en materia de espacio público de la Constitución de la ciudad y el Plan de Gobierno, así como para acoplar los lineamientos a la normatividad vigente (Leyes y reglamentos en la materia y de temas vinculados) que se actualizan en los temas de planeación, diseño, implementación, mantenimiento y operación.
Por otra parte, se identificó como área de oportunidad, la definición, clasificación y caracterización del espacio público como lugar. Se hizo mención del trabajo del Comité consultivo de normalización de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con la SEDATU, en el establecimiento de la NOM “Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos” como herramienta de planeación. Así como a la propuesta de un “Sistema Integral de Gestión del Espacio Público” como herramienta compleja y plataforma geoespacial abierta, de coordinación entre territorios y recursos materiales y humanos.
Para concluir estas dos mesas, se destacó como pendiente la instalación y operación del Consejo Asesor en materia de Espacio Público, la incorporación de la perspectiva de género y la coordinación con las 16 Alcaldías. En el contexto de la pandemia, se hace hincapié en repensar y considerar la ampliación, el cuidado, la sana distancia y las nuevas prácticas de consumo para el regreso a la nueva normalidad. El tema del consumo y la regulación comercial desde la informalidad y desde la formalidad con la tendencia a la privatización, fue un tema muy recurrente en la preocupación y conceptualización del espacio de la ciudad, desde las iniciativas de Ley presentadas en 2018. Temas que están asociados también a la imagen urbana y la publicidad exterior y que serán abordados en foros posteriores.
Mesa 3: El espacio público con perspectiva de género.
En esta mesa se abordó el tema “El espacio público con perspectiva de género” y contó con la participación de Mabel Almaguer, como coordinadora de la estrategia de mujeres en la SEDATU; Paula Soto Villagrán, académica e investigadora de la UAM- Iztapalapa y Rosalba González, académica y especialista en derecho urbano. Las participaciones dieron inicio con la pregunta ¿Por qué incorporar la perspectiva de género al diseño y uso del espacio público, así como al desarrollo urbano? Así, los comentarios y ejemplos vertidos hicieron énfasis en varios aspectos que se proponen para la Ley del Espacio Público.
Un primer aspecto, señaló Mabel Almaguer, es considerar que el desarrollo urbano no ha sido un proceso histórico neutro y que esta ley representa una oportunidad para replantearse el desarrollo urbano y para lograr justicia social. Para lograrlo, es necesario contemplar las necesidades de toda la población y, una propuesta relevante de la mesa fue, vincular y considerar las actividades productivas con las reproductivas que se desarrollan en el espacio público. En este sentido, se propone reconocer la movilidad para el cuidado como un derecho y considerarlo en el diseño de infraestructura urbana.
Siguiendo con esta línea de discusión, un segundo aspecto que se identificó es la ampliación del concepto de espacio público. Sin bien, en la propuesta se apunta definirlo como bienes de uso común, Paula Soto Villagrán señala que éste debe ser concebido como articulador del orden urbano, para hacer política y ciudad y apela a comprenderlo como un espacio disputado, complejo, de diversidad, heterogeneidad, de importancia para la vida cotidiana y para la vida política de los diversos actores, donde se expresan relaciones sociales y de poder. De esta manera, también se señala que la ley puede apuntar a lograr justicia espacial y aportar en la construcción de la calidad física y social del espacio público; siempre y cuando se tome en cuenta su relación con la experiencia, el tiempo, los roles, las identidades de género y las formas de accesibilidad. En este sentido, la perspectiva de género puede aportar en la construcción de la calidad del transporte público, para la movilidad, el ocio, el trabajo de cuidado y del no remunerado.
Para finalizar, un tercer aspecto es la viabilidad y aplicabilidad de políticas públicas que se establecen en la legislación. Al respecto, Rosalba González evidenció algunas cuestiones para considerar al momento de determinar en la legislación ¿cuándo un área verde es un espacio público?, ¿cómo garantizar la existencia y mantenimiento de espacios públicos, con fines deportivos y de recreación en zonas ya consolidadas?, ¿cómo evitar la proliferación de espacios inaccesibles e inseguros, sólo por cumplir la ley?, ¿cómo evitar que un uso del espacio público se anteponga a otro?. En este proceso, se señaló la importancia de no dejar de lado la participación de la población, lograr una transversalidad institucional y la participación de las mujeres en el proceso institucional para garantizar la aplicabilidad de las políticas públicas.
[1] Calendario y temática de los foros, a transmitirse a través de la página de Facebook
https://www.facebook.com/ComisionEP
[1] Doctorante, Posgrado de Urbanismo, UNAM
[2]Dra. en Ciencias Antropológicas, Centro de Estudios Antropológicos, FCPyS-UNAM
Por otra parte, se identificó como área de oportunidad, la definición, clasificación y caracterización del espacio público como lugar. Se hizo mención del trabajo del Comité consultivo de normalización de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con la SEDATU, en el establecimiento de la NOM “Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos” como herramienta de planeación. Así como a la propuesta de un “Sistema Integral de Gestión del Espacio Público” como herramienta compleja y plataforma geoespacial abierta, de coordinación entre territorios y recursos materiales y humanos.
Para concluir estas dos mesas, se destacó como pendiente la instalación y operación del Consejo Asesor en materia de Espacio Público, la incorporación de la perspectiva de género y la coordinación con las 16 Alcaldías. En el contexto de la pandemia, se hace hincapié en repensar y considerar la ampliación, el cuidado, la sana distancia y las nuevas prácticas de consumo para el regreso a la nueva normalidad. El tema del consumo y la regulación comercial desde la informalidad y desde la formalidad con la tendencia a la privatización, fue un tema muy recurrente en la preocupación y conceptualización del espacio de la ciudad, desde las iniciativas de Ley presentadas en 2018. Temas que están asociados también a la imagen urbana y la publicidad exterior y que serán abordados en foros posteriores.
Mesa 3: El espacio público con perspectiva de género.
En esta mesa se abordó el tema “El espacio público con perspectiva de género” y contó con la participación de Mabel Almaguer, como coordinadora de la estrategia de mujeres en la SEDATU; Paula Soto Villagrán, académica e investigadora de la UAM- Iztapalapa y Rosalba González, académica y especialista en derecho urbano. Las participaciones dieron inicio con la pregunta ¿Por qué incorporar la perspectiva de género al diseño y uso del espacio público, así como al desarrollo urbano? Así, los comentarios y ejemplos vertidos hicieron énfasis en varios aspectos que se proponen para la Ley del Espacio Público.
Un primer aspecto, señaló Mabel Almaguer, es considerar que el desarrollo urbano no ha sido un proceso histórico neutro y que esta ley representa una oportunidad para replantearse el desarrollo urbano y para lograr justicia social. Para lograrlo, es necesario contemplar las necesidades de toda la población y, una propuesta relevante de la mesa fue, vincular y considerar las actividades productivas con las reproductivas que se desarrollan en el espacio público. En este sentido, se propone reconocer la movilidad para el cuidado como un derecho y considerarlo en el diseño de infraestructura urbana.
Siguiendo con esta línea de discusión, un segundo aspecto que se identificó es la ampliación del concepto de espacio público. Sin bien, en la propuesta se apunta definirlo como bienes de uso común, Paula Soto Villagrán señala que éste debe ser concebido como articulador del orden urbano, para hacer política y ciudad y apela a comprenderlo como un espacio disputado, complejo, de diversidad, heterogeneidad, de importancia para la vida cotidiana y para la vida política de los diversos actores, donde se expresan relaciones sociales y de poder. De esta manera, también se señala que la ley puede apuntar a lograr justicia espacial y aportar en la construcción de la calidad física y social del espacio público; siempre y cuando se tome en cuenta su relación con la experiencia, el tiempo, los roles, las identidades de género y las formas de accesibilidad. En este sentido, la perspectiva de género puede aportar en la construcción de la calidad del transporte público, para la movilidad, el ocio, el trabajo de cuidado y del no remunerado.
Para finalizar, un tercer aspecto es la viabilidad y aplicabilidad de políticas públicas que se establecen en la legislación. Al respecto, Rosalba González evidenció algunas cuestiones para considerar al momento de determinar en la legislación ¿cuándo un área verde es un espacio público?, ¿cómo garantizar la existencia y mantenimiento de espacios públicos, con fines deportivos y de recreación en zonas ya consolidadas?, ¿cómo evitar la proliferación de espacios inaccesibles e inseguros, sólo por cumplir la ley?, ¿cómo evitar que un uso del espacio público se anteponga a otro?. En este proceso, se señaló la importancia de no dejar de lado la participación de la población, lograr una transversalidad institucional y la participación de las mujeres en el proceso institucional para garantizar la aplicabilidad de las políticas públicas.
[1] Calendario y temática de los foros, a transmitirse a través de la página de Facebook
https://www.facebook.com/ComisionEP
[1] Doctorante, Posgrado de Urbanismo, UNAM
[2]Dra. en Ciencias Antropológicas, Centro de Estudios Antropológicos, FCPyS-UNAM
Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-I), realizó una maestría en Estudios Sociales, en la línea de Estudios Laborales y cursó la licenciatura en Antropología Social, ambas en la UAM-I.
